El Instituto Efrat replica a la Junta de Extremadura



Miércoles, 17 de Febrero de 2010 05:50

El Instituto Efrat replica a la Junta de Extremadura

Según publica la agencia de noticias "Europa Press", la consejera de

Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, Pilar Lucio, ha

señalado que el Ejecutivo regional entiende que la nueva Ley del Aborto

que está preparando el Gobierno central es

 

 

 

 

 

 

"legal, y ajustada al

ordenamiento constitucional español".

Desde el Instituto Efrat queremos recordar a este respecto tanto a Pilar

Lucio y el resto de dirigentes extremeños en particular, como a la

opinión pública en general, que la nueva ley del aborto que está

preparando el Gobierno central puede ser todo lo legal que quieran,

puede ser todo lo constitucional que quieran, pero no es

 

 

-y nunca podra

ser-

 

legítima, porque carece de legitimidad cuando de lo que se trata es

de permitir el asesinato de los seres humanos más inocentes e

indefensos, con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja.

La gravedad de la nueva ley del aborto no estribará tan sólo en la

evidente injusticia de que se permita abortar a las jóvenes de 16 años

-sin que sea preceptivo el previo conocimiento y consentimiento de sus

padres-

 

 

 

 

o en que muy probablemente sea incoherente con la doctrina

del Tribunal Constitucional: Antes bien, la gravedad de la nueva ley del

aborto

 

-y de cualquier ley que legaliza o despenaliza este tipo de

crímenes-

 

se basa en que negará implícitamente el derecho absoluto a la

vida de los seres humanos más inocentes, y más indefensos,

convirtiendo el picadillo de bebé en un derecho fundamental de la

mujer.

Pilar Lucio ha señalado igualmente que la nueva Ley del Aborto es

 

 

"legítima por cuanto procede de representantes del pueblo español".

Esta declaración nos parece súmamente engañosa en cuanto presenta

como otorgada a los representantes del pueblo salidos de las urnas, la

capacidad de decidir en qué momentos, o en qué casos, existe el

derecho a llevar a cabo el asesinato premeditado y alevoso de un

inocente. Sencillamente, eso es falso, es erróneo, es mentira: no tienen

ese poder. No se lo ha otorgado nadie, ni nadie se lo puede otorgar. Los

representantes del pueblo pierden su legitimidad en la medida en que

permiten el asesinato premeditado, alevoso y con ventaja, de los hijos

inocentes e indefensos del pueblo al que representan.

Por otro lado, sus alusiones al pueblo español como avalista de sus

injustas decisiones nos parecen cuando menos fraudulentas, pues

queremos recordar que no se ha efectuado consulta alguna al pueblo

español en ese sentido, hurtando al

 

"pueblo soberano"

 

la oportunidad de

expresar su verdadera voluntad. Tambien queremos recordar que las

sesiones de la subcomisión parlamentaria llevadas a cabo en la

 

"casa

de todos"

 

han sido completamente opacas, hurtándo de esa manera al

"pueblo soberano"

 

 

 

 

su legitimo derecho a la información.

No obstante, aun en el hipotético caso de que la voluntad del pueblo

español fuera unánime a la legalización del aborto, y esa voluntad

hubiera sido expresada a través de un referéndum legal, ello no

convertiría al aborto en un derecho legítimo, sino que seguiría siendo lo

que es: El asesinato de un ser humano, inocente, e indefenso. No existe

poder en la tierra capaz de legitimar la muerte de un inocente.

Pilar Lucio ha indicado, además, que en un estado de derecho las

motivaciones subjetivas de terceros, incluidos los padres, "

 

no pueden

prevalecer sobre la decisión de la mujer, decisión a la que tiene derecho".

 

Sobre este particular nosotros quisieramos preguntar tanto a Pilar

Lucio como al resto de promotores de la nueva ley: Si otorgamos a una

mujer

 

-de la edad que sea-

 

el derecho a decidir acabar con la vida de su