LA COMERCIALIZACION EN ESPAÑA DE LA PILDORA ABORTIVA RU 486: ANALISIS JURIDICO



Miércoles, 16 de Junio de 2010 12:06

LA COMERCIALIZACION EN ESPAÑA DE LA PILDORA ABORTIVA RU 486: ANALISIS JURIDICO

 

Benigno Blanco Rodríguez. Abogado.

 

 

            La casa farmaceútica Roussel Uclaf decidió hace ya tiempo no comercializar la píldora abortiva RU 486 en España, por el ambiente contrario de opinión pública que encontró. Una propuesta parlamentaria presentada por la diputada Coro Garmedía, en la instaba al gobierno español a intervenir en orden a lograr que dicha casa farmaceútica la comercializara, se encontró con la respuesta en contra de la mayoría de los diputados del Congreso.

            Hasta el momento, Francia es el único país donde está autorizada la comercialización de este producto, a pesar de que las investigaciones previas sobre la RU 486 se han desarrollado en bastantes países europeos y en Estados Unidos. En Francia, el Ministerio de Sanidad es el que ha impuesto a la Russel Uclaf la comercialización del producto, en contra de la voluntad de la propia firma, en un principio, por las mismas dificultades de opinión pública que encontraba y la escasa experimentación del fármaco abortivo y sus efectos secundarios poco conocidos. Por lo tanto, plantearse en este momento su comercialización en España parece, dado el panorama internacional, improcedente o poco prudente.

            Aparte de lo que acabo de exponer, a la hora de una posible decisión sobre la comercialización en España de la píldora abortiva RU 486, debe tenerse en cuenta que nuestro sistema jurídico sobre el aborto no se parece en nada al de Francia. En Francia, desde la ley de 1975, retocada parcialmente en el año 1979, existe la posibilidad del aborto libre a mera petición de la mujer, sin necesidad de que concurra circunstancia especial ninguna, durante los primeros meses del embarazo.

            Sin embargo, en España no es así. Como es sabido, el artículo 417 bis del Código Penal, introducido en este cuerpo legal por la llamada “Ley del Aborto”, sólo determinma el carácter no punible del aborto provocado cuando concurran alguna de las tres indicaciones que en el mismo se mencionan. Por lo tanto, el uso teórico o posible de la RU 486 en españa, sin constituir delito desde el punto de vista del artículo 417 bis del Código Penal, debería supeditarse a la concurrencia de alguna de las indiciaciones previstas en ese artículo y previo cumplimiento de todos los requisitos que en el mismo se establecen.

            Pero hay más. Existe otro artículo en el Código Penal, el 416, que penaliza la difusión de prácticas e instrumentos abortivos, y cuyo contenido es el siguiente:” Serán castigados con arresto mayor y multa de 30.000 a 600.000 pts los que con relación a medicamentos, sustancias, objetos, instrumentos, aparatos, medios o procedimientos capaces de provocar o facilitar el aborto, realicen cualquiera de los actos siguientes:

1) Los que en posesión de título facultativo sanitario, meramente los indicare, así como los que sin dicho título hicieran la misma indicación con ánimo de lucro.

2) El fabricante o negociante que los vendiera a personas no pertenecientes a cuerpo médico o a comerciantes no autorizados para su venta.

3) El que los ofreciera en venta, vendiere, expendiera, suministrare o anunciare en cualquier forma.

            Visto el tenor literal de este artículo 416 del Código Penal, que está plenamente vigente, parece claro que la posible autorización, comercialización y uso de un producto específicamente abortivo, no es en España una cuestión a decidir administrativamente, puesto que se incardina en el Código Penal. Sólo una reforma de este cuerpo de ley orgánica podría permitir que en España se comercializase un producto estrictamente abortivo como es la RU 486.

            Aparte de las consideraciones anteriores, y que desde un punto de vista estrictamente sanitario se generan numerosas dudas sobre la prudencia o imprudencia que supondría en estos momentos autorizar la comercialización de este producto abortivo, y de las consecuencias estrictamente jurídico-penales en España, hay que pensar también que en nuestro país la vida del fruto de la concepción está amparada por la Constitución, según estableció el Tribunal Constitucional en su sentencia de 11 de abril de 1985, y que le corresponde al estado una obligación explícita de proteger esa vida, cosa que se hace a través de las normas del Código Penal como las citadas anteriormente, que parecen chocar con la comercialización de una píldora estrictamente abortiva.

            La RU 486 no es apta para ser utilizada como medio abortivo en ninguno de los tres supuestos despenalizados, por cuanto no es posible usarla más que en los 40 o 42 días inmediatamente posteriores a la fecundación, y en ese tiempo es imposible constatar la existencia de peligro para la vida o la salud psíquica o física de la embarazada, o la existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto. Parece bastante improbable también en el caso de violación que para esa fecha se pueda tener constancia de la existencia del embarazo.

            La seriedad jurídica exige que, en su caso, una píldora del estilo de la RU 486 sólo pueda ser comercializada -si de verdad se garantiza como producto farmaceútico apto y no tiene consecuencias secundarias indeseables- en un sistema jurídico en el que exista el aborto libre, y éste no es el caso de España.

CB Nº 5, 1º 91, PP. 47-48