Más de medio millón de abortos legales se han practicado en España en los últimos diez años



Martes, 08 de Junio de 2010 22:37

Más de medio millón de abortos legales se han practicado en España en los últimos diez años

 

N. RAMÍREZ DE CASTRO/ MADRID.ABC 31 Mayo 

El Gobierno socialista quiere que las mujeres puedan interrumpir su gestación por voluntad propia y sin someterse a dictamen médico. La «inminente» ampliación de la despenalización del aborto anunciada por el Ministerio de Justicia lo permitirá, pero los ginecólogos aseguran que se habrá avanzado muy poco si no se realiza un cambio profundo en educación sexual y reproductiva para frenar el aumento de embarazos no deseados. Un reflejo de ese incremento es que en los últimos diez diez años el número de abortos en España ha aumentado casi un 70 por ciento. Desde 1993 hasta 2002 (no hay datos oficiales de 2003) se han practicado 566.266 interrupciones legales de embarazos. El incremento ha sido anual y sólo durante 1997 las cifras disminuyeron ligeramente, para volver a subir un año después.

«Cobertura a una práctica habitual»

Para Gonzalo Herranz, profesor honorario de Ética Médica de la Universidad de Navarra, «la modificación de la Ley del Aborto sólo dará cobertura legal a una práctica que ya se había convertido en habitual». La práctica totalidad de los abortos que se practicaron en el año 2002 en España se autorizaron por un posible riesgo de salud física o psíquica de la mujer. Los datos oficiales no permiten conocer si el 96,81 por ciento de los casos que se acogieron al supuesto de salud materna, lo hicieron por el riesgo físico o psíquico que corría la mujer en la gestación. Este último, más difícil de valorar, es la condición a la que se acogen la mayoría de las mujeres al buscar amparo legal.

La Sociedad Española de Contracepción, que agrupa a los médicos dedicados a la anticoncepción y reproducción humana, apuesta por la educación sexual de los adolescentes para evitar los embarazos no deseados, pero también por facilitarles el acceso a los métodos anticonceptivos. La petición incluye la píldora del día después, un tratamiento de emergencia que evita la gestación si se consume en las 72 horas posteriores a una relación sexual sin protección. Tras el anuncio del Ministerio de Justicia, esta sociedad científica ha solicitado una entrevista con la ministra de Sanidad, Elena Salgado, para pedir la subvención de los tratamientos anticonceptivos. «Se trata de que el Gobierno financie estos métodos, como si fueran un fármaco más a los que da cobertura el Sistema Nacional de Salud», explica el ginecólogo José Luis Doval, presidente de la citada sociedad.

Un fracaso del sistema

Javier Salmeán, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Madrid, considera que se debe eliminar carga ideológica a la medida anunciada por el PSOE y respetar la decisión de la mujer. Pero también recuerda que el aborto es «un fracaso» del sistema educativo y sanitario. Su propuesta pasa por mejorar la educación sexual, permitir el acceso a la píldora del día después y la interrupción de la gestación, como última opción.

En la misma línea se ha situado Guillermo Sierra, presidente de la Organización Médico Colegial, quien ha insistido en la importancia de actuar antes de llegar a una situación indeseada como es el aborto. Sierra que ha expresado su «respeto» a la ampliación de los supuestos del aborto, también ha insistido en la necesidad de respetar la objeción de conciencia de los médicos que no quieran practicar abortos. En este sentido, José Luis Doval opina que debería realizarse un registro de profesionales donde se deje constancia de la objeción de conciencia «porque en estos momentos es imposible saber qué ginecólogo estaría dispuesto a realizarlo y en qué casos».

El anuncio de Justicia deja también en el aire los plazos en los que se permitirá abortar libremente, si las interrupciones tendrán realmente financiación pública o si se desviarán pacientes a centros concertados privados para sortear la objeción de conciencia de los ginecólogos. La pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Sanidad. Aunque Elena Salgado sólo se ha limitado a garantizar que se respetará la objeción de conciencia de los médicos y que el Sistema Nacional de Salud prestará la atención necesaria «para que las mujeres puedan abortar con las máximas garantías». Además, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, no ha confirmado definitivamente cuál será el plazo que se dará para abortar sin autorización.

Los ginecólogos tienen claro que existen diferencias, pensando en la salud de la mujer. Dentro de las primeras 18 semanas de gestación no hay grandes riesgos, asegura Guillermo González, presidente de la Federación Española de Planificación Familiar. Sin embargo, sólo entre las 12-13 semanas se puede practicar la intervención menos agresiva. Hasta ese tiempo, se puede interrumpir la gestación con una intervención sencilla de apenas diez minutos de duración y con anestesia local. Si el embarazo está más avanzado, la intervención debe realizarse bajo anestesia general, con lo que las complicaciones pueden ser mayores. En su página web, el Ministerio de Sanidad también discrimina entre abortos de bajo riesgo (menos de doce semanas de gestación) o de alto riesgo (más de doce semanas de gestación).

Actualmente, en España el acceso a los tratamientos anticonceptivos es abordado de forma distinta según qué Comunidades y no en función de su signo político. El presidente de la Sociedad Española de Contracepción, cita dos situaciones curiosas: «Asturias, con un Gobierno socialista que no subvenciona los anticonceptivos, y la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, que sí lo hace». En una situación similar se encuentran Andalucía y la Comunidad Valenciana, gobernadas por el PSOE y el PP respectivamente, «y sin embargo son las dos Autonomías que más agilidad imprimen a las interrupciones de embarazos».

Financiación pública

En el caso de Andalucía, las mujeres que legalmente pueden abortar sólo tienen que pedir cita en el centro de Salud, según fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Es el médico de Familia, no el ginecólogo, quien deriva a cualquiera de los nueve centros privados concertados con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La cita tiene la máxima prioridad, no hay listas de espera y la paciente no debe adelantar el dinero del coste de la intervención ni preocuparse de un posterior reembolso, según el SAS.Hace un año, la Comunidad Valenciana también puso en marcha un plan de reestructuración de los Servicios de Ginecología de los hospitales públicos para asumir el mayor volumen de las interrupciones. En otras autonomías, como Cataluña, las mujeres que abortan dentro de los supuestos legales pagan los 300 euros que cuesta la intervención si se realiza en un centro privado. Sólo en ciertos casos, la Sanidad pública reembolsa parte del gasto.

 

El doble de embarazos en adolescentes

Los jóvenes cuentan con más información que nunca sobre métodos anticonceptivos, pero la tasa de embarazo y aborto entre las adolescentes españolas sigue aumentando. Cada año se producen 18.000 nuevas gestaciones en menores de 20 años, el doble de las que se producían hace una década. En su mayoría son embarazos no deseados, como demuestra que más del 40 por ciento acaba en aborto. Un estudio reciente, realizado entre chicos y chicas de 15 a 17 años, confirma las actitudes de riesgo de los adolescentes en sus relaciones sexuales.

El «Estudio de conductas para los escolares relacionadas con la salud» presentado por el anterior equipo del Ministerio de Sanidad refleja que sólo el 12,7 por ciento utiliza algún método anticonceptivo considerado fiable. El resto, el 87,3 por ciento, confiesa que, o bien no utiliza ningún método (12 por ciento), o no era fiable (0,3 por ciento). Un dato revelador es que el 75,4 por ciento de los encuestados no contestó a la pregunta, lo que hace pensar a los autores del sondeo que ni siquiera les preocupa. Dos tercios de los adolescentes habían mantenido relaciones sexuales con una sola persona, pero un 35 por ciento con más de una, grupo en el que se registran las tasas más altas de embarazo. Según el mismo trabajo, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje de embarazos se sitúa en el 3,3 por ciento entre los que mantienen relaciones sexuales (25 por ciento de los adolescentes), frente a la tasa general del 0,84 por ciento, en los que se incluyen jóvenes no activos sexualmente